AVITE demanda al Estado.
Avite informa de que ayer 9-1-19 su Vte. Rafael Basterrechea y su abogado y portavoz Ignacio Martínez mantuvieron una reunión con la Secretaria de Estado de Hacienda Sra. Bardón y sus colaboradores en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid.
El resultado fue decepcionante en tanto que por la Secretaria de Estado de Hacienda Sra. Bardón se expresó claramente a Avite que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna voluntad política de regular la exención fiscal de las ayudas aún pendientes de pagar establecidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 – Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985-, que es la legítima pretensión de Avite para evitar con ello agravios comparativos con el resto de talidomídicos del mundo -previamente a la reunión se les envió por Avite un dossier muy completo incluyendo legislación de varios países en este sentido-, así como víctimas en España de otros daños, como infectados por VHC, VIH, accidentes de tráfico, negligencias médicas, terrorismo, etc.
De nada le valió a la Secretaria de Estado de Hacienda Sra. Bardón el antecedente de la PROPOSICIÓN NO DE LEY de 30/11/16 en la que por una unanimidad del Congreso de los Diputados -incluidos votos del PSOE- se establecía el análisis de la exención fiscal; ni las ayudas a los 24 talidomídicos que no tributaron en el RD 1006/2010, etc., etc. En concreto, llamativo fue cuando por Avite se le pidió igual solución para su caso que la dada a los infectados por VIH, para los que se aprobó el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, en el que se estableció en la misma norma el procedimiento de cobro y la exención fiscal por el Gobierno de entonces. La respuesta fue que en ese supuesto el Estado había sido responsable… y al parecer ¿aquí no? Sin más comentarios.
A esta situación hay que sumarle que tras un año sigue sin existir ni un solo reconocimiento oficial de afectado por la talidomida por parte del Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, de entre las más de 500 solicitudes de otras tantas víctimas a día de hoy registradas, y los reconocimientos son paso previo indispensable para el pago de las ayudas.
Tampoco le consta a Avite que el Gobierno haya cumplido reclamarle a la farmacéutica alemana Grünenthal su responsabilidad en la tragedia, lo que es una obligación establecida en la Ley 6/2018, y en concreto: El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.
Se constata pues que a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno sigue sin cumplir lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 – Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985-.
Por este motivo Avite considera que se ha traspasado una línea roja y ha decidido demandar el Estado español.
Audio de voz de Ignacio Martinez, abogado de AVITE, explicando los motivos de la demanda al Estado español:
