El pleito de AVITE contra el Gobierno visto para sentencia
NOTA DE PRENSA DE AVITE
Con fecha 9 de febrero de 2022, la Audiencia Nacional ha resuelto que el pleito de AVITE contra el Gobierno (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social) ha quedado visto para sentencia.
El citado procedimiento lo origina una demanda de 2019 en la que AVITE reclamaba que sus socios víctimas de la talidomida fueran indemnizados con 400 millones de euros por la pasividad del Estado al no haber cumplido la LGPE 6/2018 (ni la PNL 2016), que le obligaba, ya va a hacer cuatro años, al pago de ayudas directas a los afectados, así como exigir una parte adicional a la farmacéutica responsable Grünenthal.
En la demanda se denunciaba la siguiente pasividad palmaria del Ministerio/Gobierno: no haber concluido el registro de afectados; no haber regulado la exención fiscal de las ayudas; no haber promulgado el real decreto que ordene la petición y pago de las ayudas; y en definitiva, no haber pagado nada de las ayudas que exigía la LGPE 6/2018. Como muestra del grado de incumplimiento del Gobierno, AVITE recuerda que la LGPE 6/2018 decía: El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente (Grünenthal) y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.
Pues bien, la AN reclamó al Gobierno que acreditase qué había hecho al respecto de este mandato legal, siendo que por oficio del Ministerio de marzo de 2021 (adjunto) se informaba que, textualmente: “…no constan en el Ministerio documentos que justifiquen la acción del Gobierno recabando, a la compañía propietaria de la patente, la colaboración necesaria para la reparación de las víctimas y el reconocimiento del daño causado…” Es decir, nada. Menos mal que el principal cliente de Grünenthal en España es la sanidad púbica.
Y es que a través de la prueba practicada se ha demostrado que el Ejecutivo efectivamente ni ha cumplido la ley, ni tiene voluntad de hacerlo en el futuro, y la “prueba del algodón” es que la ley de presupuestos última (LGPE 22/2021), aprobada hace poco más de un mes, vuelve a contemplar para el pago de las ayudas una cantidad claramente insuficiente teniendo en cuenta los reconocidos oficialmente. Es decir, sigue sin dotarse con presupuesto mínimo el pago de unas ayudas que le ley ordenó que fueran satisfechas a los afectados hace ya cuatro años, infradotación presupuestaria que a su vez impide técnicamente la aprobación del real decreto que ordene el pago de esas ayudas.
AVITE recuerda que las ayudas se aprobaron por las Cortes Generales en 2018 para atender la situación de histórico desamparo en la que se encuentran españoles afectados por un fármaco que circuló en nuestro país oficialmente hasta 1985, cuando había sido retirado del resto del mundo en 1961 por saberse que causaba estragos en los fetos. Muchos de los afectados carecen por este motivo de brazos ni piernas, y las ayudas tiene por objeto procurarles subsistencia y ayuda de terceros. Pero el hecho es que el incumplimiento del Gobierno procura que España siga siendo, 60 años después, la excepción internacional en la tragedia de la talidomida al dejar desasistidos a sus nacionales.
AVITE informa de la gravedad añadida que comporta el paso del tiempo en unas personas que científicamente está demostrado que padecen envejecimiento prematuro. De hecho, son varios -y tristemente serán cada vez más- los miembros de AVITE que han muerto durante la tramitación del pleito y que ya nunca recibirán justicia. Da la impresión de que se espera resolver el “problema presupuestario” con esperar que muera todo el colectivo.
Ante este escenario, AVITE ha hecho lo único que puede: reclamar al Poder Judicial que el Gobierno indemnice a los afectados por incumplir la ley.
AVITE confía en que cuanto antes se dicte sentencia estimatoria de su demanda.
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